El derecho a la protección de la salud, del que forma parte inherente la prestación farmacéutica, está reconocido en el art. 43 CE dentro de los principios rectores de la política social y económica.Tal configuración implica que su exigibilidad requiere de la intervención normativa del legislador, a quien compete definir los “derechos y deberes de todos al respecto” (art. 43.1 CE) y, al mismo tiempo, “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” (art. 43.2 CE).En desarrollo de este mandato constitucional, la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la prestación farmacéutica se desarrolla en dos planos diferentes. De un lado, aquellos deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la prestación farmacéutica a las personas que lo necesiten y, de otro, deben garantizar la seguridad y la calidad de los medicamentos.Esta doble vertiente está presente en la obra titulada “Cuestiones actuales de la prestación farmacéutica y los medicamentos”, donde los autores reflexionan sobre los múltiples problemas jurídicos que se plantean en la materia tales como la investigación farmacéutica, los sujetos protegidos en el actual sistema nacional de salud, el contenido de la prestación farmacéutica y su financiación, la libre competencia en el mercado de los medicamentos y la publicidad de los mismos, la distribución de los productos sanitarios, la posible responsabilidad civil del farmacéutico, así como el tratamiento de la talidomida y de las enfermedades raras.