La dislexia se considera una dificultad específica del aprendizaje. Está incluida, en la legislación educativa, dentro de las denominadas necesidades educativas especiales. Desde el punto de vista jurídico todo lo que rodea a la dislexia es lábil. El objetivo de este libro es conectar las normas jurídicas que, en nuestro país, hacen referencia a la dislexia con el resto del Ordenamiento Jurídico, nacional, comunitario e internacional. De esta manera la normativa sobre la dislexia deja de interpretarse aisladamente y se conecta y se integra dentro de una más amplia de protección y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Se estudia la dislexia en el ámbito educativo, en las actuaciones de los Defensores del Pueblo (nacional, autonómicos y europeo), en las actuaciones parlamentarias de los distintos grupos políticos en los parlamentos nacional y autonómicos y los logros del movimiento asociativo. Después, el libro se centra en una perspectiva más internacional y se estudia el tratamiento de la dislexia en el ámbito de Naciones Unidas, de la Unión Europea y en países, concretos, de nuestro entorno europeo y, también, en Estados Unidos.La autora de esta obra es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos.