El abuso del poder disciplinario en actos administrativos

Gracias a la jurisprudencia proveniente del Consejo de Estado, y de la Corte Constitucional, y en virtud a que la acción disciplinaria tiene como objeto fundamental, tutelar los fines enmarcados dentro de la función pública, el respeto al debido proceso dentro de un Estado Constitucional y Convencional de derecho, el cumplimiento e implementación de todas las garantías constitucionalmente reconocidas dentro del proceso; se ha limitado el exceso y abuso de la facultad disciplinaria por parte de los Tribunales de cierre de la jurisdicción contenciosa y constitucional; desviaciones que surgen en un orden jerárquico de poder. Se estudiarán providencias judiciales desarrolladas en el marco del respeto a la prevalencia del contenido sustancial de la disposición constitucional, legal o reglamentaria a aplicar, donde el control jurisdiccional del juez contencioso, deja de ser restringido, limitado o formal y, por el contrario se convierte en un control específico, integral y pleno, cobijado bajo unos criterios de apreciación y valoración probatorias, ajustados a los principios y postulados contemplados en la Constitución Política de Colombia de 1991 y demás instrumentos de orden internacional dentro del proceso disciplinario. Considerando en gran medida y como arma de un buen abogado, el manejo del discurso, quien por fuerza propia tiene la facultad de hacer cambiar una decisión a través de la argumentación jurídica; materializados en los contextos en particular, a través de los medios de control establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano. En ese orden de ideas, este libro se estructuró a partir del plantea- miento de la pregunta ¿Cómo? la violación indirecta de la norma sustancial se convierte en una manifestación desviada del poder a la luz de la sentencia de unificación devenida del proceso No 11-001-03-25- 000-2011-00-316-00 proferida por el Consejo de Estado el 09 de agosto de 2016 en el marco de un proceso administrativo disciplinario, dentro de las competencias designadas constitucionalmente a la Procuraduría General de la Nación. Fragmento tomado de la Introducción