Las distintas reformas legislativas operadas desde que en el año 1999 se introdujeron en nuestro Ordenamiento las órdenes de alejamiento como mecanismos de protección a las víctimas, han entrañado una modificación en la concepción tradicional del delito de quebrantamiento como delito contra la Administración de Justicia, erigiéndolo en un instrumento que tutela también la indemnidad de aquellas, especialmente en el ámbito de la violencia doméstica y de género.Sin embargo, la protección de ambos bienes no siempre corre pareja: las peculiaridades de los delitos que se cometen en el citado ámbito, en el que las partes están en última instancia vinculadas por lazos afectivos o económicos, determinan que en muchos casos el intérprete del Derecho deba ponderar la relevancia del consentimiento del perjudicado en la comisión del delito de quebrantamiento y en la responsabilidad penal del obligado por la prohibición, sin que pueda olvidarse que, en pura técnica jurídica, dicha responsabilidad puede extenderse a la persona que, protegida por la pena o medida, se erige en partícipe del tipo penal como inductor o cooperador necesario.En la presente obra se analiza la evolución y configuración de este delito y la problemática que plantea en el ámbito de la violencia doméstica y de género, prestándose especial atención al tratamiento de los llamados “quebrantamientos consentidos”. Y ello al objeto de intentar arrojar alguna luz sobre un tema en el que actualmente continúa resultando difícil conciliar el conflicto humano con una respuesta jurídicamente aceptable.