La defensa penal del Patrimonio arqueológico.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el derecho penal de nuestro tiempo, tanto en España como en los países de nuestro entorno, es el de sostener una protección eficaz del Patrimonio Histórico y los bienes culturales, conforme a una lectura constitucional de ambos conceptos que los asocie, ineludiblemente, con aspectos tan esenciales de nuestra convivencia como la ordenación territorial, el acceso y disfrute de la cultura, el orden socio económico o con algunos derechos fundamentales de los ciudadanos que se desprenden de su relación, individual o colectiva, con el entorno histórico en el que todos estamos inmersos.Materia tradicionalmente olvidada por el legislador penal, el paso del tiempo ha demostrado la necesidad de que se articulara una nueva categoría de protección con la publicación del Código Penal español de 1995. Esta regulación, sin embargo, ha seguido lastrada por graves e incomprensibles defectos técnicos e incoherencias de todo tipo que dificultan su aplicación y una interpretación pacífica sobre un aspecto de particular trascendencia para España, como es la protección de su riqueza arqueológica y monumental. Se propone un análisis amplio de la protección de los bienes arqueológicos y, en especial, de sus yacimientos que, concebidos como fuentes de información científica de incalculable valor, han sido con frecuencia centro de polémica y siguen ofreciendo problemas o retos interpretativos para el jurista que hubieran sido impensables hace pocos años.Partiendo de la percepción social que determinó la consagración constitucional de los bienes culturales, el autor lleva a cabo un análisis actualizado de la norma penal que los defiende y de sus complejas relaciones con otras parcelas del ordenamiento jurídico resaltando, al mismo tiempo, un breve bosquejo de las nuevas utilidades y controversias que suscita la dimensión arqueológica en las sociedades de nuestro tiempo como uno de los elementos conformadores de su futuro. Jesús Mª García Calderón, tras su ingreso en la Carrera Fiscal, cubrió sus primeros destinos en las Audiencias Provinciales de Huelva y Sevilla. En 1995 fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Lugo y en 2001 Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cargo que desempeña en la actualidad. Doctor en Derecho por la Universidad de Granada, como estudioso del derecho penal destacan sus trabajos para la defensa del Patrimonio Histórico y los bienes culturales. Fue uno de los ocho vocales designado por el Gobierno que, integrado en la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, desarrolló sus trabajos en el Ministerio de Justicia en los años 2010 y 2011. Fruto de aquella actividad, ha publicado igualmente diversos trabajos sobre la articulación de un nuevo derecho a comprender. Director de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, su labor intelectual ha sido reiteradamente reconocida por distintas sociedades científicas, universidades y otras corporaciones de derecho público.