El estudio de la Garantía de inmediación en la segunda instancia penal exige analizar las consecuencias que la aplicación de la doctrina constitucional ha acarreada en la praxis judicial y que, hasta la reforma operada en la LECrim por LO 41/2015, de 5 de octubre, se traducía en la desestimación absoluta de los recursos de apelación interpuestos por las partes acusadoras basados en error en la valoración de las pruebas personales. En el presente trabajo la autora examina, con una visión crítica, la solución adoptada por la meritada reforma legislativa al tiempo que ofrece, en consonancia con la reciente doctrina del TEDH, soluciones que pretenden conciliar el respeto de la garantía de inmediación y los derechos, no solo del encausado, sino también de las partes acusadoras. Constituyendo ésta, una materia de especial relevancia práctica, huérfana de una adecuada trasposición de las posturas europeas actuales, la presente monografía supone un indudable referente para el jurista interesada en su estudio de esta materia.