Ante la especial vulnerabilidad de los bienes inmateriales, la articulación de los correspondientes mecanismos de protección se erige en un instrumento especialmente necesario en una sociedad desarrollada, dado que sin la efectividad de los mismos se debilita claramente la innovación y creación (...)En consonancia con tales postulados se sitúa la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, compresivos tanto de los derechos de propiedad industrial como intelectual (...)La transposición de la Directiva en nuestro país se vio materializada por la Ley 19/2006 de 5 de junio, consiguiéndose indudablemente una mayor uniformidad en los distintos medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, si bien, con una cierta disparidad normativa no suficientemente justificada.