Camilo Umaña Hernández

Más de 100.000 personas, entre ellas millares de menores de edad, mueren anualmente debido a sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos. Esta sustancia, en sus diferentes presentaciones, encabeza la Lista I que la Convención Única de 1961 sabre Estupefacientes catalogo como estupefacientes sujetos a todas las medidas de fiscalización. Aunque de otra índole, en Colombia los problemas que ha arrastrado esta lista resultan igualmente inquietantes. En ella se encuentran tanto la cocaína como las hojas de coca, y en las otras dos listas hay fármacos para los que estas medidas no son tan drásticas. Luego de seis décadas bajo el signo de la prohibición, el balance de la política de drogas es negativo desde donde se le mire. más adictos y más victimas incautas que han muerto por sobredosis están asociadas positivamente por el engrosamiento de los carteles cuyos miembros asesinan, deforestan, blanquean millones de dolares ilegales en nuestra economía y corrompen por doquier en defensa de sus ganancias ilegales. La sociedad colombiana, por décadas victima indefensa de la acción deletérea de estas organizaciones criminales, aún padece y contempla a diario la secuela de daños que arrastra el narcotrafico y la lucha que por años ha venido Librando el Estado en su contra, con fútiles resultados pero a unos costos inestimables. En este libro se proponen balances y se sugieren iniciativas de cambio a la política a fin de contener los circuitos perversos de la prohibición, comenzando por proponer un nuevo relato que ya este en boga: coca no es cocaína.

El presente texto nace del esfuerzo de un grupo de docentes de la Universidad Externado de Colombia quienes, desde diferentes disciplinas, dieron respuesta a la invitación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a presentar una observación escrita sobre la Solicitud de Opinión Consultiva sobre Enfoques diferenciados en materia de Personas Privadas de Libertad. Este escrito tiene la aspiración de contribuir a la garantía y protección de los derechos humanos en la región, así como profundizar en los argumentos sobre una protección integral de las personas privadas de libertad con énfasis en los enfoques diferenciales que deben observarse en el cumplimiento efectivo de los derechos de esta población. La situación de las personas privadas de libertad en Colombia es especialmente frágil. La continua situación de un estado de cosas inconstitucional constituye una notable constatación de la precariedad del sistema penitenciario nacional, pero también de la política criminal que aún está lejos de dar una respuesta a la medida del desafío. En la población privada de libertad las necesidades son diferenciales, por tanto este escrito apunta a proponer elementos para hacer efectivos los derechos humanos de esta población teniendo en cuenta los especiales factores de vulnerabilidad que padecen.