Diego González Medina

Esta obra forma parte de la serie Garantías judiciales de la Constitución, que examina críticamente los mecanismos judiciales de protección de derechos fundamentales en Colombia.Este tomo aborda la acción de grupo como medio moderno de protección judicial indemnizatoria, analizando su objeto, legitimación, las condiciones uniformes respecto de la causa del daño, su trámite, particularidades, y su uso frente a actos administrativos. Se profundiza en diferencias procesales entre la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, con reflexiones sobre conciliación, pruebas, juramento estimatorio y alegatos de conclusión.Además, se examina el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sus retos y limitaciones, y el novedoso incidente de impacto fiscal que equilibra decisiones judiciales con la sostenibilidad fiscal del Estado.Una obra orientada a juristas, académicos y quienes buscan entender los retos actuales de la justicia constitucional en Colombia.

Esta obra forma parte de la serie Garantías judiciales de la Constitución del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y ofrece un estudio exhaustivo sobre la acción popular. El texto aborda la evolución normativa, el objeto y aspectos procesales, la legitimación en la causa, la función del juez en este proceso, así como las particularidades de su trámite y seguimiento. Se analizan temas como la moralidad administrativa, el patrimonio público en la contratación estatal y la protección de la naturaleza, además de aspectos procesales fundamentales como la sentencia, apelación, incidente de desacato y la revisión eventual, articulando doctrina, jurisprudencia y un enfoque crítico hacia la eficacia y aplicación práctica de la acción popular. Destinada a académicos, estudiantes, jueces, abogados y responsables en administración pública, esta publicación contribuye a la discusión actual sobre los mecanismos judiciales para la protección de derechos e intereses colectivos en Colombia, evidenciando tensiones entre derecho constitucional y proceso, y proponiendo criterios de análisis y mejora para las prácticas judiciales.