Francisco Bernate Ochoa

La persona jurídica es un agente determinante en las sociedades modernas, y su responsabilidad en los campos comerciales, administrativos, civiles laborales o financieros es un asunto que no es materia de debate. Por el contrario, la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a los entes colectivos, es un asunto que, aunque cada vez menos, es materia de permanente controversia. Es por ello que en el presente nos ocupamos de brindar unos elementos descriptivos y otros propositivos a fin de brindar insumos para esta discusión en un medio como el nuestro, en el que a pesar de la existencia de compromisos internacionales, un déficit de protección de los derechos de la persona jurídica y una necesidad práctica de superar el principio societas delinquere non potest, el mismo sigue imperando en la legislación y literatura nacionales. Si bien es cierto, en la actualidad existen elementos normativos aplicables en Colombia como los tratados internacionales en la materia, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que han avalado esta posibilidad, la realidad es que dentro de la normativa penal vigente, ello no es posible. Consideramos que esta necesidad se justifica por cuanto hay intereses jurídicamente relevantes, como el sistema financiero, la seguridad alimentaria, el medio ambiente que necesitan la extensión de la punición a los entes colectivos, el establecimiento de exigencias normativas para que las empresas cuenten con mecanismos internos de prevención de delitos ha dado los presupuestos para la responsabilidad penal de los entes colectivos y el que el estado actual del proceso penal resulta contrario a los mínimos exigibles en materia de garantías para la persona jurídica, siendo necesario reglamentar la cuestión a fin de superar un estado que no se compadece con los estándares aplicables.

Cuando se aborda un asunto tan complejo como la corrupción contemporánea, se corre el riesgo de llegar a lugares comunes con pomposos títulos. No es exactamente el caso de este nuevo texto de la colección Arbitraje 360 Grados. El valor del libro El arbitraje nacional frente a la corrupción, en hora buena escrito por los árbitros Fabricio Mantilla, Myriam Salcedo y Francisco Bernate, es el de analizar ese flagelo en sus diversas facetas en clave de la justicia arbitral. Es una investigación seria y de profundo rigor que aborda desde las bases jurídicas del Estatuto de Arbitraje, hasta los dilemas cotidianos que, en su papel como administrador de justicia, debe enfrentar el árbitro. Como todo aporte precursor abrirá debates, fijará posiciones y servirá para cruzar fronteras intelectuales que aviven la lucha contra la corrupción. Colombia está hastiada de ese delito y se escucha venir una primavera ciudadana en su contra. El humo de la guerra no dejaba ver la corrupción. Es el momento de enfocar toda la acción del Estado y la ciudadanía para erradicarla. Los autores revelan el hondo sentido ético que tiene la función arbitral y resaltan el imperativo de la imparcialidad. Con ella, la declaración de conflicto de intereses presentes y las incompatibilidades futuras, ante un particular que ejerce una profesión liberal, para evitar ulteriores cuestionamientos penales o disciplinarios en su contra. Otro asunto neurálgico que se trata es la categorización dual de contratos por la corrupción y contratos para la corrupción. Esa que parece una innovadora clasificación tiene hondas raíces en el derecho civil y el romano.