Gabriela Torres-Mazuera

En México, en 1992 fue reformado el artículo 27 constitucional. A la par, fueron emitidas leyes secundarias, entre éstas la Ley Agraria, con la innovación de permitir la entrada de actores privados en la explotación y aprovechamiento de tierras, aguas, bosques y minerales. Sin embargo, el sustancial cambio legal que supuso la apertura de las tierras ejidales a un mercado formal no generó las transformaciones de la seguridad jurídica que desde la lógica neoinstitucional se esperaban. El mercado formal de tierras ejidales es pequeño y contrasta con el amplio mercado irregular desarrollado durante décadas antes de la reforma legal. Al mismo tiempo, nuevos conflictos agrarios derivados de las transferencias ilegales de tierras ejidales y comunales surgen y desembocan, con mayor frecuencia, en tribunales. Los capítulos que lo componen se fundamentan en riguroso trabajo etnográfico realizado por un equipo multidisciplinario interesado en describir con riqueza empírica las transferencias contemporáneas de tierras; las relaciones asimétricas de poder entre ejidatarios, comuneros y demás actores involucrados en los mercados de tierras; así como diversas valoraciones y normas sociales o usos y costumbres locales asociados a la tierra de los núcleos agrarios.

La observación del campo mexicano revela una dinámica social cualitativamente diferente a la que se podía observar hace tres décadas. El abandono de la actividad agrícola sucede conjuntamente con una transformación en la dinámica espacial. El fin de la intervención estatal en el sector agrícola se traduce en un vacío institucional en la agricultura. A este vacío se le contrapone «la conquista» de un nuevo espacio de intervención estatal: el ámbito social. Lo rural en México ya no es equivalente a lo agrario ni a lo campesino.