Helena Alviar García

Desde principios del siglo XX ha estado presente en el debate público el tema de la distribución de la tierra en Colombia. El intento de reforma agraria a mediados del siglo XX y los debates sobre su éxito o fracaso redistributivo, sin embargo, adquirieron otros significados con la emergencia de políticas rurales liberales en la década de los noventa, más preocupadas por la seguridad en la tenencia, la propiedad y la productividad de la tierra. Durante la segunda década del siglo XXI, con el crecimiento exponencial de grandes olas de desplazamiento forzado de poblaciones rurales a causa del conflicto armado (que habían empezado una década antes), el debate sobre la tierra revivió, con mucho énfasis en la importancia de los derechos de propiedad. A pesar de la proliferación de investigaciones sobre el papel que la tierra y su distribución desempeñan en la violencia en Colombia y de los múltiples diagnósticos de los efectos de dicha violen-cia sobre la población rural y sus derechos de propiedad, poner sobre la mesa la posibilidad de expedir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hizo que el tema de la distribución volviera a alcanzar la dimensión de los debates originales de las reformas agrarias. Esta discusión cobró inusitada relevancia en el proceso de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC-EP. Con este contexto, Propiedad sobre la tierra en Colombia sur-ge de las preocupaciones en medio de la transición a la paz con la guerrilla y une dos debates que, a pesar de estar estrechamente relacionados, suelen abordarse por separado en la literatura académica: las discusiones sobre la distribución de la tierra y las reformas agrarias, por un lado, y los debates sobre la propiedad desde la teoría del derecho, por otro.

El 27 de agosto del 2012 el presidente de la República anunció que había llegado a un acuerdo con el movimiento guerrillero FARC-EP para emprender negociaciones que condujeran a la terminación del conflicto armado. Las negociaciones han sido presentadas como el paso definitivo hacia una paz que favorecerá el progreso económico y el bienestar general y han sido recibidas con grandes expectativas. No obstante, los discursos que anuncian la paz no son nuevos para el país, y los colombianos han perdido la ingenuidad cuando se trata de las FARC. Entre otras cosas, el público tiene una teoría sobre el conflicto, las negociaciones y la paz, que este libro procura ayudar a construir.

El derecho administrativo, en su definición y contenido, ha sido visto tradicionalmente como uno de los campos jurídicos en los que se define, configura y concreta la tensión entre los ideales de igualdad y libertad de una sociedad. Históricamente, el derecho administrativo se desarrolló como un conjunto de herramientas encaminada a hacer que los gobernantes, en su interacción con la comunidad, se rigieran por unas normas que garantizaran la libertad de los individuos. Es decir, que no se cometieran arbitrariedades, que en la actuación del Estado se respetara el debido proceso de acuerdo con el principio de legalidad.En Colombia, esta interpretación del derecho administrativo prevaleció durante las dos primeras décadas del siglo XXI, por esta razón, los catorce capítulos que conforman este libro representan la apuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Editorial Temis por renovar la literatura jurídica nacional sobre el derecho administrativo.

La creciente importancia que tiene la regulación en las agendas políticas públicas nacionales y trasnacionales se debe, en buen medida, a la rápida difusión global del modelo de estado regulador. Sin embargo, veinticinco años después de que la Constitución Política adoptara la regulación como la herramienta para gobernar la economía, es poco lo que sabemos sobre la forma como funciona, no solo en las normas jurídicas sino también en la práctica, el estado regulador colombiano.Los artículos reunidos en esta obra, por una parte, sugieren que antes de ofrecer fórmulas y soluciones debemos entender, a través de análisis contextuales capaces de reflejar las particularidades de los regímenes reguladores locales, la dimensión de la crisis del estado regulador en Colombia.Y, por otra, ofrecen algunas lecciones que el diseñador de políticas públicas puede tener en cuenta al momento de avanzar hacia un fortalecimiento del estado regulador en Colombia.