José Armando Hernández Soubervielle

¿Qué puede haber en común entre Francisca Martha, hija de filipinos y muy modesta dueña de palmares en Colima, por 1650, y la condesa de San Mateo de Valparaíso un siglo más tarde, dueña de inmensidades de tierras y ganados? ¿O entre Juan lartundo, oscuro testigo de asistencia en Rioverde, y su contemporáneo Teodosio Lares, hombre de la ley y principal ministro de Maximiliano? Y así con una docena de otros personajes para los cuales el occidente y el norte de México fueron los principales escenarios.

¿Qué sucede cuando la efervescencia modernizadora llega a la cabeza de gobernadores, arquitectos, ingenieros y promotores del progreso de un determinado país, estado o ciudad? En el mejor de los casos, se desarrollan proyectos urbano-arquitectónicos que verán la luz y transformarán ciudades enteras, en otros tantos, acaso muchos, esos proyectos quedarán tan sólo en buenas intenciones e ideas plasmadas en papel, sueños inconclusos sin pasar de los pliegos a la materialidad espacial o, haciéndolo, quedarán a medias respecto a su aspiración inicial.

Durante el año universitario 2017, un grupo de investigadores nos reunimos en El Colegio de San Luis a estudiar la monarquía hispánica. Lo hicimos echando mano de cinco ejes temáticos: la movilidad espacial y social; la importancia de las ciudades; la vocación por el saber y la enseñanza; la justicia, el rey y sus jueces y la hispanización del otro. El presente volumen reúne los textos en que cada uno de los asistentes, a partir de una investigación particular, incorpora las lecturas, discusión y aprendizajes del seminario.

La mañana del 24 de julio de 1767, el jurista malagueño y visitador general de la Nueva España, don José de Gálvez Gallardo, arribaba a San Luis Potosí. Con un despotismo característico de la Ilustración, Gálvez habría de poner fin a una serie de levantamientos que, desde el 10 de mayo de ese año, habían asolado la ciudad. Estos sucesos fueron producto de una serie de bandos emitidos por el gobierno, el descontento por las medidas administrativas que el régimen de los borbones había impuesto poco a poco y la coincidencia de estos tumultos con la aplicación de una real pragmática firmada por Carlos III el 27 de febrero de 1767, en la cual ordenaba la extracción1 de los regulares de la Compañía de Jesús, de todos los dominios de la Corona española.