José Manuel Álvarez Zárate

Este nuevo volumen de la Colección Derecho Económico Internacional, elaborado en coedición con la Universidad de Zaragoza (España), contiene nueve estudios relacionados con la relevancia de la autonomía de la voluntad y su desarrollo legislativo, doctrinario y jurisprudencial en el Derecho Económico Internacional. Desde diferentes perspectivas, y aplicando una metodología de derecho comparado entre las corrientes latinoamericana y europea, los autores analizan la autonomía de la voluntad como un principio que sirve para precisar la competencia judicial y escoger el derecho aplicable cuando surgen litigios en la contratación mercantil internacional. Así las cosas, este trabajo de investigación analiza en profundidad la autonomía de la voluntad y aporta innovaciones importantes, al punto de introducir herramientas de análisis económico del derecho y contrastarlas con las teorías ya conocidas del derecho que han sido retomadas por el Derecho Internacional Privado. Y a pesar de que este principio de raigambre liberal ha sido altamente tratado, sigue presentando grandes retos para el jurista contemporáneo en la era de la globalización.

El libro Revisión de los TLC en Colombia: impacto sectorial y recomendaciones de política proporciona un contexto critico sobre la implementación de los Acuerdos del G-3 y los Tratados de Libre Comercio (TLC) de Colombia con Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, destacando los resultados insatisfactorios obtenidos hasta el momento. Se revela que, a pesar de las concesiones comerciales significativas realizadas durante las negociaciones, los beneficios prometidos no se materializaron. Durante la campaña presidencial de 2022 varios candidatos expresaron la necesidad de revisar y renegociar estos acuerdos, reflejando la percepción negativa de su impacto en la economía colombiana, motivando a los au-tores a emprender este libro con el ánimo de conseguir fuentes sólidas para comprobar esa necesidad. El análisis detallado revela que, contrario a las justificaciones del Ministerio de Comercio de la primera década del siglo XXI, el crecimiento económico y las exportaciones no experimentaron el esperado impulso después de la implementación de los TLC. El estudio señala una disminución de las exportaciones, especialmente en sectores clave como la industria liviana, la agricultura y la manufactura pues, descontando las exportaciones minero-energéticas, la balanza comercial muestra un déficit con los países miembros de la OMC que han firmado TLC con Colombia. Además, se destaca que la estructura exportadora no ha experimentado cambios sustanciales, y ciertos sectores como la industria del calzado, las manufacturas de cuero, el papel, la metalurgia y la cerámica han perdido participación. La reseña también señala la falta de adaptación y la rigidez en la política comercial colombiana, así como las reglas de juego detrás del comercio (propiedad intelectual) ante las dinámicas globales, especialmente en medio de la competencia entre Estados Unidos, Europa y China, lo que plantea la necesidad de una revisión y un cambio de rumbo en la política comercial del pais.

International investment law is based on a global network of approximately 3.300 International Investment Agreements (iias), including bits and ftas.1 These treaties have a common core structure which usually includes the following clauses: a definition of investor and investment, treatment standards (National Treatment, Most Favoured Nation, Fair and Equitable Treatment), protection against direct and indirect expropriation, and a dispute resolution clause that refers to arbitration.2 These clauses offer the usual protection to the economic rights of foreign investors. iias’ clauses are characterised by their technicity as well as their broadness, which oftentimes make the interpretation process complex and its result unforeseeable. States might foresee a regulatory action as legal, but investors could see something different, thus triggering an arbitration claim that could result in an unexpectedly huge compensation in their favour. Also, some scholars see an encryption that embodies the iias3 which grants wide protection and a prompt and effective response to the investors’ interests that could cause that the Host-State refrains from the exercise of its regulatory sovereign privilege for fear of being sued by foreign investors (a regulatory chill scenario).4 Considering this scenario, it has been alleged that the Investor-State Dispute Settlement (isds) system requires some changes because it is perceived that it favours an unbalanced relationship between the rights of investors and the rights of States.5 One of the concerns that has been pointed out and discussed is the way to achieve consistency in interpreting investment agreements with a certain level of legitimacy.6 In other words, the issue is how to interpret iias without affecting the Host-State’s right to regulate and grant an optimum level of protection to investors. Some of these changes have begun to be shaped by national courts when considering the constitutionality of investment treaties prior to their ratification. This authority has been considered as a tool for providing clarity to the rights of investors vis a vis the police powers and the right of Host-States to regulate. It is in this context that Judgment C-252/19 of the Colombian Constitutional Court, which analysed the constitutionality of the bit signed between Colombia and France on 2014, should be studied.