José Rodrigo Vargas del Campo

Como resultado de una investigación de historia constitucional, el libro da cuenta de un tema inexplorado en nuestro país: el origen y construcción del régimen presidencial en Colombia. Para tal efecto, transitando por la Colonia hasta la declaración de independencia, se esbozan los fundamentos de la idea de autogobierno y su vínculo inescindible con la forma del Estado, esto es, el centralismo y el federalismo. Las constituciones provinciales de 1811 a 1815 fueron marcando las bases de lo que sería un ejecutivo, algunas veces denominado gobernador, teniente gobernador o presidente. Sin embargo, es Simón Bolívar y sus facultades omnimodas en el escenario bélico de la independencia quien dota a la figura del presidente libertador de una serie de características que se enmarcaron en el nuevo ambiente constitucional. Las discusiones de los constituyentes de 1821 denotan una aceptación tácita de la figura presidencial y el reconocimiento de las potestades de quien ejerciera el cargo. Muchos de los rasgos esenciales de dicha época parecen estar presentes en la actualidad.

El volumen X de Garantías judiciales de la Constitución ofrece un estudio sistemático de las dos acciones que estructuran el contencioso electoral colombiano y se organiza en dos partes. La primera está dedicada a la nulidad electoral: recorre sus antecedentes históricos y normativos, su objeto, legitimación, competencia y medidas cautelares, las causales objetivas y subjetivas, la doble militancia, los requisitos y trámite de la demanda, y las formas de terminación, impugnación y efectos de la nulidad electoral.La segunda parte se ocupa de la pérdida de investidura: analiza su objeto y causales, la competencia, legitimación e intervención de terceros, sus elementos sustanciales y procesales, los debates alrededor de la llamada muerte política, la relación con los estándares interamericanos sobre restricción de derechos políticos y su eficacia como herramienta contra la corrupción. El volumen cierra con un estudio sobre la acción de tutela contra sentencias de pérdida de investidura y de nulidad electoral.