José Sánchez-Arcilla Bernal

Desde hace algunos años los autores de los trabajos de investigación que componen este libro hemos venido estudiando documentación judicial conservada en archivos de lugares muy diferentes y en períodos relativamente diversos, con el objetivo de comprobar la realidad efectiva de las instituciones. Las conclusiones obtenidas han permitido desterrar mitos historiográficos «traslaticios» que han ido pasando acríticamente de unos juristas e historiadores a otros sin advertir que la realidad jurídica estaba alejada —en ocasiones muy alejada— de la literalidad legal. Moverse entre la documentación manuscrita permite adentrarse en el Derecho realmente vivido, el que está lejos de la formulación de los textos normativos, aunque guarde mayor relación con las construcciones doctrinales que se expandieron por toda Europa.Estos trabajos han exigido la consulta de cientos de legajos y expedientes en archivos nacionales y extranjeros, cuya información fue contrastada con la literatura jurídica coetánea y los cuerpos legales. Una metodología de gran complejidad no solo por la importancia numérica de la documentación a consultar, sino también por el tratamiento posterior que fue necesario realizar para poder entender la evolución de la actividad judicial a lo largo de un período cronológico extenso. La experiencia acumulada por los miembros de este grupo de investigación a lo largo de los últimos años ha permitido llenar lagunas historiográficas, desterrar o cuando menos matizar mitos histórico-jurídicos sobre la actividad judicial y realizar sustanciales aportaciones en el campo de la Historia judicial y penal.[Del mismo grupo de investigación Dykinson tiene editada su obra El arbitrio judicial en el Antiguo Régimen (España e Indias, siglos XVI-XVIII, 2012, ISBN 978-84-15454-48-9].

Desde mediados del siglo XVIII, las dimensiones de la ciudad de México y su creciente población se constituyeron en un serio problema para las autoridades capitalinas. Estas circunstancias desencadenaron un preocupante incremento de la criminalidad, de manera que los virreyes pronto se vieron en la necesidad que tomar medidas para atajar “los robos, muertes y otros delitos… por los muchos ladrones y facinerosos que en ella había”. En 1782, el virrey Martín de Mayorga dividió la ciudad en 8 cuarteles mayores -subdivididos en 32 menores- con la finalidad de restablecer el orden público y ejercer un control más directo sobre la población mediante el aumento de las rondas nocturnas; de este modo, se pensaba llevar la justicia hasta el último rincón de la urbe. Cada noche eran apresados varias decenas de reos principalmente a causa de la embriaguez -elevada al rango de delito-, si bien la tipología delictiva abarcaba un amplio espectro de conductas (robos/hurtos, incontinencia, estupros, riñas…). El libro del profesor Sánchez-Arcilla nos presenta una nueva perspectiva -hasta este momento desconocida- de las verdaderas dimensiones de la criminalidad en la capital novohispana. Del mismo modo, procede a un minucioso análisis de la actuación jurisdiccional del corregidor y alcaldes ordinarios de la ciudad, quienes, mediante el arbitrio judicial, valoraban todo tipo de circunstancias -la etnia, el sexo, la edad, lugar de comisión, el estado civil o situación laboral de los reos- a la hora de dictar sus sentencias e imponer las correspondientes sanciones.