Mª del Mar Peña Amorós

La Ley General Tributaria dedica el Capítulo III del Título III a las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Este trabajo se divide en tres partes. La primera bajo la rúbrica de “Actuaciones y procedimientos de gestión”, se dedica al análisis de las cuestiones que la ley señala como disposiciones generales. Se parte así del concepto de gestión, analizando asimismo las funciones que según el artículo 117 de la LGT le corresponden a los órganos de gestión. Una vez se han sentado estas premisas se dedica un apartado del trabajo al estudio de las distintas formas de iniciación del procedimiento de gestión. El segundo y el tercer capítulo se centran en aquellos procedimientos a través de los cuales los órganos de gestión ejercen sus facultades de comprobación, que son fundamentalmente: el procedimiento de verificación de datos y el procedimiento de comprobación limitada. Ambos procedimientos aparecen en muchas ocasiones concatenados y así entre las formas de terminación del primero está la posibilidad de iniciar un procedimiento de comprobación limitada o de inspección, y entre los modos de finalización del procedimiento de comprobación limitada se encuentra el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación. Se analizan en estos capítulos cuáles son los supuestos en los que se inician este tipo de procedimientos, centrándose posteriormente en cómo se desarrollan y terminan los mismos, haciendo especial énfasis en los problemas que surgen en la práctica. Mª del Mar de la Peña Amorós, es Profesora de Derecho Financiero y Tributario desde 1999, primero en la Universidad Politécnica de Cartagena, y posteriormente, desde 2005 hasta la actualidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Es miembro tanto de la Cátedra de Economía social como de la de Haciendas territoriales de la Universidad de Murcia. Ha publicado muchos trabajos en las principales revistas especializadas de la disciplina sobre temas distintos entre los que destacan la financiación autonómica y local, el procedimiento abreviado, el régimen fiscal de las cooperativas…. Ha participado asimismo en distintos proyectos de investigación sobre temas relativos a financiación autonómica, financiación local y entidades de economía social.

El derecho a la protección de la salud, del que forma parte inherente la prestación farmacéutica, está reconocido en el art. 43 CE dentro de los principios rectores de la política social y económica.Tal configuración implica que su exigibilidad requiere de la intervención normativa del legislador, a quien compete definir los “derechos y deberes de todos al respecto” (art. 43.1 CE) y, al mismo tiempo, “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” (art. 43.2 CE).En desarrollo de este mandato constitucional, la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la prestación farmacéutica se desarrolla en dos planos diferentes. De un lado, aquellos deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la prestación farmacéutica a las personas que lo necesiten y, de otro, deben garantizar la seguridad y la calidad de los medicamentos.Esta doble vertiente está presente en la obra titulada “Cuestiones actuales de la prestación farmacéutica y los medicamentos”, donde los autores reflexionan sobre los múltiples problemas jurídicos que se plantean en la materia tales como la investigación farmacéutica, los sujetos protegidos en el actual sistema nacional de salud, el contenido de la prestación farmacéutica y su financiación, la libre competencia en el mercado de los medicamentos y la publicidad de los mismos, la distribución de los productos sanitarios, la posible responsabilidad civil del farmacéutico, así como el tratamiento de la talidomida y de las enfermedades raras.