Magdalena Correa Henao

Los paradigmas del relacionamiento entre las instituciones militares y la sociedad evolucionan a un ritmo impulsado por las demandas de más y mejor democracia a lo largo de todo el mundo. Esa dinámica, que podría catalogarse como un proceso de democratización de las funciones de seguridad y defensa, pasa por el análisis de un amplio grupo de variables que, sin abandonar las cuestiones clásicas relativas a la institucionalidad y a los medios para el cumplimiento de las misiones derivadas del ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, abren paso a perspectivas inaplazables, centradas en los ciudadanos que portan el uniforme en tanto miembros iguales de la comunidad política. En esta oportunidad, el Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional del Ejército -CAEFI- desarrolló investigaciones que, haciendo eco de la independencia que le es característica, se centraron en reflexiones inéditas sobre el mandato constitucional de formación democrática de los miembros de la Fuerza Pública, a propósito de las cuales se profundiza, quizá igualmente por vez primera, respecto de la vigencia y alcance de algunos de los derechos fundamentales de sus miembros, en una propuesta consecuente con los mandatos de libertad, igualdad y dignidad en que se asienta el Estado colombiano. Los textos que conforman este volumen ofrecen una amplia gama de aproximaciones a las cuestiones iusfundamentales que subyacen a la opción de ser parte de la Fuerza Pública en Colombia, analizadas desde los mandatos constitucionales, los desarrollos jurisprudenciales y la más autorizada doctrina en la materia, a partir de un propósito que, lejos de construir verdades incuestionables, invita a la observación rigurosa y a la controversia argumentada.

International investment law is based on a global network of approximately 3.300 International Investment Agreements (iias), including bits and ftas.1 These treaties have a common core structure which usually includes the following clauses: a definition of investor and investment, treatment standards (National Treatment, Most Favoured Nation, Fair and Equitable Treatment), protection against direct and indirect expropriation, and a dispute resolution clause that refers to arbitration.2 These clauses offer the usual protection to the economic rights of foreign investors. iias’ clauses are characterised by their technicity as well as their broadness, which oftentimes make the interpretation process complex and its result unforeseeable. States might foresee a regulatory action as legal, but investors could see something different, thus triggering an arbitration claim that could result in an unexpectedly huge compensation in their favour. Also, some scholars see an encryption that embodies the iias3 which grants wide protection and a prompt and effective response to the investors’ interests that could cause that the Host-State refrains from the exercise of its regulatory sovereign privilege for fear of being sued by foreign investors (a regulatory chill scenario).4 Considering this scenario, it has been alleged that the Investor-State Dispute Settlement (isds) system requires some changes because it is perceived that it favours an unbalanced relationship between the rights of investors and the rights of States.5 One of the concerns that has been pointed out and discussed is the way to achieve consistency in interpreting investment agreements with a certain level of legitimacy.6 In other words, the issue is how to interpret iias without affecting the Host-State’s right to regulate and grant an optimum level of protection to investors. Some of these changes have begun to be shaped by national courts when considering the constitutionality of investment treaties prior to their ratification. This authority has been considered as a tool for providing clarity to the rights of investors vis a vis the police powers and the right of Host-States to regulate. It is in this context that Judgment C-252/19 of the Colombian Constitutional Court, which analysed the constitutionality of the bit signed between Colombia and France on 2014, should be studied.

América Latina es una de las regiones del mundo donde la promoción y la protección de los Derechos Humanos (en adelante, ddhh) son asuntos de continua demanda y álgida discusión en las agendas nacionales de los Estados latinoamericanos, por los preocupantes incumplimientos de las obligaciones de respeto y garantía de los ddhh de sus poblaciones, pero también por los cambios que vienen experimentando las políticas internas, donde se privilegian intereses económicos que lejos se encuentran de poner a la dignidad humana como faro de las actuaciones del Estado. Otros factores han contribuido a asegurar importantes avances. De un lado, se destaca el trabajo de lucha de los movimientos sociales nacionales y regionales, tanto durante los períodos de las dictaduras que tuvieron lugar durante las últimas décadas del siglo xx, como producto del ejercicio comprometido de la participación ciudadana prevista en nuevas o reformadas constituciones. De otro, la ratificación de una serie de instrumentos internacionales que han contribuido con el aumento de los estándares de civilidad de las sociedades latinoamericanas1 y, a escala regional