Manuel Iturralde

Cárcel, derecho y sociedad es un avance relevante en la discusión sobre las condiciones, los problemas, los efectos y las alternativas del sistema penitenciario actual en Colombia, e invita a una reflexión más amplia sobre el lugar de la prisión en la sociedad. Los artículos reunidos aquí analizan diferentes aspectos necesarios para comprender el mundo penitenciario del país, su relación con la sociedad y los efectos del arreglo penitenciario y carcelario con-temporáneo sobre las personas privadas de la libertad. Son no solo una ventana al aparato carcelario, sino también un recordatorio de que las actuales formas de organización social están soportadas en el sufrimiento de cientos de miles de personas. Así, los análisis de los autores tienen como objetivo contribuir tanto a la deliberación académica, como a una acción política que desemboque en la eliminación definitiva de mecanismos deshumanizadores de castigo. En la primera sección se abordan cuestiones relacionadas con el diseño legal e institucional del mundo penitenciario y las relaciones y los efectos sociales que se producen por dicho diseño. En la segunda sección se analiza el gobierno de la cárcel, por medio del estudio de las formas jurídicas que sirven a la defensa de los derechos de quienes están privados de la libertad, los espacios existen-tes para la justicia restaurativa y la reducción de la cárcel, y los mecanismos de reintegración de los internos a la sociedad. En la tercera sección se presenta un análisis sobre la situación de las poblaciones diferenciadas privadas de la libertad, con énfasis en la situación de las mujeres presas y su relación con el exterior. Finalmente, en la cuarta sección se estudia el derecho a la salud en las cárceles colombianas, las posibilidades de mejoramiento del sistema de salud penitenciario y las estrategias para garantizar los derechos humanos en los penales.

El Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP), con el apoyo de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) y la organización de cooperación internacional sueca Civis, presentó en 2009 una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 27 de la Ley 48 de 1983, la cual regula el servicio militar obligatorio en Colombia. Esta norma omitió incluir a los objetores de conciencia dentro de las personas exentas de cumplir con esta obligación ciudadana. El objetivo de la demanda era que se reconociera la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio como un derecho fundamental del ordenamiento jurídico colombiano. En octubre de 2009, la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-728, falló a favor de las pretensiones de la demanda del G-DIP y reconoció la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio como un derecho fundamental y exhortó al Congreso de la República para que expidiera una ley en la que se definieran las condiciones en las que puede hacerse efectivo este derecho.