Ricardo Posada Maya

Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio científico del Derecho penal, tanto general como especial, consiste en advertir la separación, por cierto, muy peligrosa, que se da entre la práctica de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales o jueces y la academia o la doctrina nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitud hostil, que tiene consecuencias tanto diversas como imprevisibles en la construcción del Derecho Penal nacional y, desde luego, en la enseñanza de las ciencias penales. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la judicatura, la falta de sintonía hace imposible, por regla general, resolver con mayor solidez jurídica ciertos problemas o casos respecto de los cuales la doctrina ya ha propuesto soluciones innovadoras o claras, tanto desde una perspectiva dogmática como político-criminal; hacer explícita la aplicación de determinadas instituciones o teorías jurídicas, sin incurrir en errores o falacias; tener diversas opciones a la hora de interpretar las normas jurídico-penales y, en todo caso, hacer más segura, argumentada, regular e igualitaria la aplicación del derecho positivo y la construcción de la doctrina jurisprudencial. De parte de la academia, es evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es una herramienta fundamental para acercar la realidad y la práctica de los tribunales a las aulas de clase y al ejercicio profesional, por lo cual, la academia sin la jurisprudencia termina por dedicarse a una construcción abstracta del derecho que le impide generar propuestas realistas e innovadoras para el entorno cultural en el que debe producir nuevo conocimiento, esto es, hacer academia. Ambas, pues, son necesarias para revitalizar el derecho colombiano, como un derecho vivo y ajustado a la experiencia.

Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio científico del Derecho penal, tanto general como especial, consiste en advertir la separación, por cierto, muy peligrosa, que se da entre la práctica de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales o jueces y la academia o la doctrina nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitud hostil, que tiene consecuencias tanto diversas como imprevisibles en la construcción del Derecho Penal nacional y, desde luego, en la enseñanza de las ciencias penales. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la judicatura, la falta de sintonía hace imposible, por regla general, resolver con mayor solidez jurídica ciertos problemas o casos respecto de los cuales la doctrina ya ha propuesto soluciones innovadoras o claras, tanto desde una perspectiva dogmática como político-criminal; hacer explícita la aplicación de determinadas instituciones o teorías jurídicas, sin incurrir en errores o falacias; tener diversas opciones a la hora de interpretar las normas jurídico-penales y, en todo caso, hacer más segura, argumentada, regular e igualitaria la aplicación del derecho positivo y la construcción de la doctrina jurisprudencial. De parte de la academia, es evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es una herramienta fundamental para acercar la realidad y la práctica de los tribunales a las aulas de clase y al ejercicio profesional, por lo cual, la academia sin la jurisprudencia termina por dedicarse a una construcción abstracta del derecho que le impide generar propuestas realistas e innovadoras para el entorno cultural en el que debe producir nuevo conocimiento, esto es, hacer academia. Ambas, pues, son necesarias para revitalizar el derecho colombiano, como un derecho vivo y ajustado a la experiencia.

El derecho penal especial constituye una de las áreas más relevantes de la ciencia general del derecho penal, porque en ella convergen de modo complementario los fundamentos de la teoría del delito - cuyo punto de partida y razón de ser es precisamente la aplicación de la parte especial - y los referentes empíricos de naturaleza jurídica, social, política y económica que se quieren proteger por medio del ordenamiento jurídicopenal. Todo ello, de acuerdo con la perspectiva político-criminal que exige el modelo de Estado social y democrático de derecho. La obra que hoy se presenta al público, intitulada El homicidio, el genocidio y otras infracciones tiene como finalidad no solo estudiar y analizar las figuras jurídicas anunciadas, la doctrina y la jurisprudencia nacional sobre el tema, o plantear discusiones dogmáticas con los autores más consultados en nuestro medio académico, sino también convertirse en una fuente de investigación y consulta técnica muy sencilla, concisa, documentada y problematizada en relación con los ocho capítulos del Título I del Libro Segundo del Código Penal colombiano. Un estudio que le permita a los estudiantes de derecho, los jueces, fiscales y, en general, a quienes se dedican al estudio de esta disciplina, advertir de manera sistemática, reflexiva y crítica los fundamentos declarados y no declarados de los mecanismos penales preventivos que operan en nuestro medio cultural y, especialmente las verdaderas razones de dicha intervención jurídica en la sociedad. Como lo afirma el Prof. Dr. Molina López en el sentido prólogo del libro: Efectivamente, esta obra descolla por el planteamiento a profundidad de una inmensa cantidad de problemas que emergen del análisis dogmático de los delitos contra la vida y la integridad personal en el ordenamiento colombiano, los cuales aparecen vigentes en un cuerpo normativo sometido a múltiples vaivenes y parches normativos producto de un irracional populacherismo punitivo. Así las cosas, el solo hecho de limitar el objeto de estudio comporta una verdadera obra titánica, por supuesto, solo al alcance de juristas muy pacientes, aplicados y analíticos. Pero no solo eso llama la atención: más impactante resulta el conjunto de herramientas usadas para el estudio dogmático de tantos tipos penales.