Penas, medidas y otras consecuencias jurídicas del delito.

En este nuevo libro que publican sus autores se ofrece un análisis sobre las consecuencias jurídicas del delito, tanto en relación a las personas físicas como a las jurídicas, examinándose las penas privativas de libertad, el beneficio de la inejecución de la pena de prisión, las medidas de seguridad, así como las penas de multa, las privativas de derechos, las penas accesorias y las consecuencias accesorias. Otras consecuencias jurídicas del delito, como es el caso de la responsabilidad civil y las costas procesales, son también objeto de especial estudio en este libro, que se completa con la cuestión referida a la cancelación de los antecedentes penales y un pequeño anexo legislativo.Los autores sostienen que hay que terminar con la creencia de que el derecho penal es un “arma” y que su función es la “lucha contra la delincuencia”, como si los delincuentes fueran los enemigos de la sociedad, y que hay que centrar el fenómeno de la delincuencia en el marco de la política social, pues una sociedad que logra recuperar a los delincuentes, logrará al mismo tiempo una mejor protección y una mayor seguridad pública. Con tal fin, todo código penal debe ofrecer un extenso abanico de posibilidades en el ámbito de las consecuencias penales, contemplando la pena de prisión como una excepción y proporcionando a la fase de ejecución de las penas la importancia que realmente tiene, aunque ello, ciertamente, puede poner en evidencia las carencias materiales de la justicia en general, y las de la justicia penal en particular.Igualmente, critican la tendencia oportunista de algunos legisladores hacia el populismo punitivo, en la creencia de que un endurecimiento de las penas y una mayor extensión del sistema penal en general permite una más eficaz protección y seguridad de la sociedad y sus interesas frente a la delincuencia, olvidando quienes sostienen este punto de vista que la mejor manera de lograr estos deseables objetivos es a través de la recuperación social del delincuente, que representa, además, un mandato constitucional, y que no siempre la expansión del derecho penal, irrumpiendo ámbitos tradicionalmente reservados a otros subsistemas jurídicos, se traduce en una más eficaz protección.