Ángel Luis Perrino Pérez

En este nuevo libro sobre el Derecho Penal Aplicado, Parte Especial, los autores examinan delitos de muy diferente naturaleza, aunque todos ellos referidos a intereses con una indudable dimensión colectiva, algunos de especial relevancia práctica y dogmática, como es el caso de los delitos contra la Hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delitos contra la salud pública, delitos contra la seguridad vial, falsedades, delitos contra la Administración pública y delitos contra la Administración de justicia, y otros, como es el caso de los delitos de rebelión y sedición, de extraordinaria actualidad en el panorama judicial y doctrinal de nuestro país.En esta publicación, que ha tenido en cuenta las reformas introducidas en el Código penal por las Leyes Orgánicas 1 y 2 de 2019, los autores tienen muy presente, coherentemente con el título principal de la misma, la doctrina que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ido elaborando al interpretar y aplicar las normas penales referidas a los delitos que se examinan, sin duda de un alto valor, especialmente a partir de la Ley 41/2015, que abrió la casación, por la vía del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para los delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido a los Juzgados de lo Penal, permitiendo así la elaboración por el alto Tribunal de jurisprudencia sobre delitos que hasta entonces muy excepcionalmente llegaban a su conocimiento, asegurando de este modo principios constitucionales tan importantes como el de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.Con este nuevo libro, pues, se pretende ofrecer el mejor conocimiento posible del derecho penal aplicado, referido ahora a los delitos mencionados, por parte de todos los operadores jurídicos, como es el caso de los jueces, fiscales, abogados, letrados de la administración de justicia, e incluso por parte de los estudiantes de derecho penal como complemento de los siempre necesarios manuales de la asignatura.

En este nuevo libro, dedicado a los delitos de terrorismo, los autores examinan la evolución experimentada en el tratamiento penal de este fenómeno criminal, considerado hoy como una de las mayores amenazas para el Estado de Derecho, y que España ha sufrido duramente desde hace tiempo como consecuencia de los atentados de las organizaciones terroristas de Eta y Grapo. Una amenaza intensificada en los últimos años, no sólo en nuestro país sino también en la comunidad internacional, como consecuencia del terrorismo yihadista, que presenta nuevas formas y características y que, por tanto, exige una respuesta penal adecuada, más eficiente y en forma coordinada, de todos los países.El libro contiene cuatro capítulos. El Capítulo I comprende un conjunto de reflexiones sobre estos delitos, con referencia a ciertas consecuencias que han llevado a afirmar aquí una especie de derecho penal de excepción, e incluyéndolos en categorías tales como el «derecho penal del enemigo» o en una «tercera velocidad » que abarcaría estos delitos. En el Capítulo II se examinan los principales instrumentos normativos que representan actualmente la respuesta internacional frente al terrorismo. El Capítulo III está dedicado a los delitos de terrorismo del Código penal español, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2015. Y, por último, el Capítulo IV aborda todo lo relacionado con las víctimas del terrorismo, cuyo reconocimiento y apoyo constituye una pieza esencial de la respuesta de la justicia penal, en coherencia con lo expresado al respecto por las Naciones Unidas.Manuel Jaén Vallejo es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular de Derecho Penal y Magistrado (número 1 de su promoción). Ha sido Letrado del Tribunal Supremo, Magistrado Juez de Instrucción de Marbella, Magistrado de las Audiencias Provinciales de Las Palmas y de Girona, y Asesor del Ministerio de Justicia.Ángel Luis Perrino Pérez es Fiscal de carrera. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U, superó las pruebas de acceso a las carreras Judicial y Fiscal en el año 2003. Ha desempeñado sus funciones como Fiscal en el T.S.J de Cataluña, T.S.J de Madrid, Audiencia Provincial de Madrid, y como Fiscal Asesor en el Ministerio de Justicia.Enrique Agudo Fernández es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad de Granada, y ha sido docente en las Universidades de Valladolid y Carlos III de Madrid. Actualmente presta sus servicios como Magistrado Asesor en el Ministerio de Justicia.

A partir de la reforma penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mejorada en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, puede decirse que hay dos códigos dentro del mismo código penal: el de las personas físicas y el de las personas jurídicas. La presente obra pretende ofrecer una aproximación al nuevo derecho penal de las personas jurídicas, para un mejor conocimiento por los profesionales, como jueces, fiscales, abogados y asesores de empresa, de los principales problemas prácticos y dogmáticos que su aplicación plantea. Para ello se tratan tanto cuestiones de la parte general como de la parte especial del derecho penal de las personas jurídicas, e incluso algunos de los aspectos referidos al procedimiento penal, sin olvidar las prescripciones de la Fiscalía General del Estado en esta materia y la novedosa jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que constituyen un marco de referencia de especial valor. No cabe duda que nos encontramos aún en un camino por recorrer, iniciado con la irrupción de un nuevo sujeto en el derecho penal, que habrá que ir transitándolo con las aportaciones que ya se están produciendo en la dogmática, la Fiscalía y en la jurisprudencia, y en el que el ser y el deber ser, lo biológico y lo normativo, el Derecho, la filosofía y la sociología, irán conjugándose en un futuro para hacer realidad un sistema de derecho penal en el que tendrán cabida, como algo normal, tanto las personas físicas como las personas jurídicas.    Manuel Jaén Vallejo es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular de Derecho Penal y Magistrado (número 1 de su promoción). Ha sido Letrado del Tribunal Supremo, Magistrado Juez de Instrucción de Marbella, Magistrado de las Audiencias Provinciales de Las Palmas y de Girona, y Asesor del Ministerio de Justicia.Ángel Luis Perrino Pérez es Fiscal de carrera. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U, superó las pruebas de acceso a las carreras Judicial y Fiscal en el año 2003. Ha desempeñado sus funciones como Fiscal en el T.S.J de Cataluña, T.S.J de Madrid, Audiencia Provincial de Madrid, y como Fiscal Asesor en el Ministerio de Justicia.Enrique Agudo Fernández es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad de Granada, y ha sido docente en las Universidades de Valladolid y Carlos III de Madrid. Actualmente presta sus servicios como Magistrado Asesor en el Ministerio de Justicia.

En este nuevo libro que publican sus autores se ofrece un análisis sobre las consecuencias jurídicas del delito, tanto en relación a las personas físicas como a las jurídicas, examinándose las penas privativas de libertad, el beneficio de la inejecución de la pena de prisión, las medidas de seguridad, así como las penas de multa, las privativas de derechos, las penas accesorias y las consecuencias accesorias. Otras consecuencias jurídicas del delito, como es el caso de la responsabilidad civil y las costas procesales, son también objeto de especial estudio en este libro, que se completa con la cuestión referida a la cancelación de los antecedentes penales y un pequeño anexo legislativo.Los autores sostienen que hay que terminar con la creencia de que el derecho penal es un “arma” y que su función es la “lucha contra la delincuencia”, como si los delincuentes fueran los enemigos de la sociedad, y que hay que centrar el fenómeno de la delincuencia en el marco de la política social, pues una sociedad que logra recuperar a los delincuentes, logrará al mismo tiempo una mejor protección y una mayor seguridad pública. Con tal fin, todo código penal debe ofrecer un extenso abanico de posibilidades en el ámbito de las consecuencias penales, contemplando la pena de prisión como una excepción y proporcionando a la fase de ejecución de las penas la importancia que realmente tiene, aunque ello, ciertamente, puede poner en evidencia las carencias materiales de la justicia en general, y las de la justicia penal en particular.Igualmente, critican la tendencia oportunista de algunos legisladores hacia el populismo punitivo, en la creencia de que un endurecimiento de las penas y una mayor extensión del sistema penal en general permite una más eficaz protección y seguridad de la sociedad y sus interesas frente a la delincuencia, olvidando quienes sostienen este punto de vista que la mejor manera de lograr estos deseables objetivos es a través de la recuperación social del delincuente, que representa, además, un mandato constitucional, y que no siempre la expansión del derecho penal, irrumpiendo ámbitos tradicionalmente reservados a otros subsistemas jurídicos, se traduce en una más eficaz protección.

En este nuevo libro, sus autores, expertos operadores jurídicos de la jurisdicción penal, desde una perspectiva novedosa que toma en cuenta la aplicación de los diferentes tipos penales a casos concretos, ofrecen un amplio estudio de una de las partes más importantes del Código penal, la referida a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, muchos de ellos comprendidos en el llamado derecho penal económico, una de las especialidades de mayor actualidad, por su relevancia dogmática y práctica, del derecho penal moderno. Para ello, aparte de manejar una amplia bibliografía sobre las diferentes materias, toman muy en cuenta la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el más alto órgano de la jurisdicción ordinaria, llamada a garantizar la unidad del orden jurídico y la efectividad de los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley penal, e incluso cierta jurisprudencia menor, de relevancia para la comprensión de determinados delitos, que permitirá contar, sin duda, a quienes se aproximen a la tarea de aplicación, o simple conocimiento, de los delitos a los que se refiere la obra, que son los que mayor actividad generan en la jurisdicción penal, con una información muy útil para la concreción de los tipos penales de cada uno de los delitos examinados, que es la principal tarea de la dogmática de la parte especial del derecho penal.Delitos tradicionales, como el hurto, el robo, la apropiación indebida, los daños y la estafa, así como otros delitos de más reciente aparición en el panorama legislativo penal, en ocasiones derivados de la necesidad de transposición de Directivas de la Unión Europea o de otros compromisos internacionales, e incluso no pocas veces especialmente vinculados con las actividades de las empresas, como es el caso de los delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, contra la propiedad intelectual e industrial, descubrimiento y revelación de secretos de empresa, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, abuso de información privilegiada en el mercado de valores, corrupción en los negocios, delitos societarios o el blanqueo de capitales, entre otros, son objeto de un profundo estudio, para facilitar así su mejor conocimiento y aplicación.